El número de las víctimas Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.
Las masacres
Con gran consternación, la CEH concluye que, en el marco de las
operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. La estrategia contrainsurgente no sólo dio lugar a la violación de los derechos humanos esenciales, sino a que la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles cuyo arquetipo son las masacres. En la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas.La represión contra las mujeres
La investigación de la CEH permitió determinar que aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de masacres y otras acciones indiscriminadas.
Desplazamientos
El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde quinientos mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido (1981 - 1983), incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. Aquella población desarraigada se ubicó de diversas formas: a) refugiaron en Mèxico; b) desplazamiento interno a altas zonas del país, incloso en la capital; c) Comunidades Populares en Resistencia.Los costes del conflicto
A parte de los efectos directos sobre la población, el conflicto armado tuvo altos costos, entre los cuales: El incremento del gasto militar, desvió las necesarias inversiones en salud y educación como destino de los recursos públicos, con el siguiente abandono de la atención al desarrollo social. El enfrentamiento armado exacerbó también la tradicional debilidad del Estado al encarar la recaudación tributaria e intensificó la oposición del sector privado a las necesarias reformas fiscales. Los efectos fueron decisivos: aumentó la brecha entre ingresos y gastos, encadenando una serie de desequilibrios macroeconómicos y debilitando aún más la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo.
La instauración de una cultura del terror
Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades.La represión contra las poblaciones indígenas
Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y acción colectiva de las comunidades.
Las resistencias de la población
La represión no sólo generó terror, pasividad y silencio. Paralelamente surgieron respuestas individuales y colectivas ante los efectos deshumanizadores y denigrantes de la violencia. Contra grandes obstáculos, las entidades que emergieron de este proceso se dedicaron a la defensa de la vida, aun cuando todavía implicaba convivir con la amenaza de la muerte. Con una composición mayoritaria de familiares de víctimas y las comunidades de sobrevivientes, los fundamentos esenciales de estas nuevas agrupaciones fueron la solidaridad humana, la defensa de los derechos elementales de la persona y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia. Todos estos esfuerzos fomentaron una nueva conciencia de la necesidad de la justicia, el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de Derecho como requisitos de la democracia.
"DEJAR ATRÁS EL OSCURO PASADO"
Hasta la fecha, ningún alto mando ni autoridad ha comparecido ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala. Las pocas investigaciones que se iniciaron fueron deplorablemente lentas e inadecuadas.
Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa Humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia. "Sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado".
Algunas de las recomendaciones fundamentales incluidas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para garantizar que se otorga reparación a los familiares de las víctimas y a los supervivientes de los abusos se han puesto en práctica, pero en la mayoría de los ámbitos todavía no ha habido progresos.
Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la noticia de que la Secretaría de la Paz del Gobierno guatemalteco ha proporcionado al Ministerio Público información sobre más de 3.300 casos de abusos contra los Derechos Humanos perpetrados durante el conflicto armado interno de Guatemala. La organización confía en que esta información ayude a redoblar los esfuerzos por investigar y procesar a los responsables de abusos cometidos en el pasado.
Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa Humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia. "Sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado".
Algunas de las recomendaciones fundamentales incluidas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para garantizar que se otorga reparación a los familiares de las víctimas y a los supervivientes de los abusos se han puesto en práctica, pero en la mayoría de los ámbitos todavía no ha habido progresos.
Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la noticia de que la Secretaría de la Paz del Gobierno guatemalteco ha proporcionado al Ministerio Público información sobre más de 3.300 casos de abusos contra los Derechos Humanos perpetrados durante el conflicto armado interno de Guatemala. La organización confía en que esta información ayude a redoblar los esfuerzos por investigar y procesar a los responsables de abusos cometidos en el pasado.
El gobierno de Guatemala realizó un acto en el que familiares de las víctimas del conflicto armado que azotó ese país durante 36 años
recibieron compensación económica además de las disculpas del presidente Álvaro Colom, quien en una carta pidió perdón por el dolor causado.
recibieron compensación económica además de las disculpas del presidente Álvaro Colom, quien en una carta pidió perdón por el dolor causado."La mejor manera de que las autoridades guatemaltecas recuerden y honren a las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto armado es garantizar que quienes cometieron, autorizaron o planearon aquellos crímenes no pueden eludir la acción de la justicia".
